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Ampliación de Santiago: El desafío de construir una ciudad más "verde"

Ruta de la Sustentabilidad, La Segunda

Ruta de la Sustentabilidad, La Segunda

La actualización del Plan Regulador Metropolitano de Santiago recientemente aprobada introduce cambios significativos en la planificación territorial, como el condicionamiento del desarrollo inmobiliario al cumplimiento de exigencias concretas relacionadas con la creación y mantención de áreas verdes, conectividad, infraestructura e integración social. Académicos y expertos del área pública y privada han planeado, sin embargo, que este instrumento no es suficiente para resolver un tema más de fondo: cómo avanzar hacia un Santiago más sustentable.

Hace algunas semanas se aprobó la actualización del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), instrumento de planificación que fija los límites urbanos de la ciudad y los criterios para el desarrollo inmobiliario futuro de la capital, que según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) llegará a albergar en 2010 nada más ni nada menos que a 7,46 millones de habitantes, cifra que se incrementaría incluso hasta los 8 millones de personas hacia 2030. Esta proyección supone un crecimiento de 2 millones respecto del Censo de Población de 2002. De este total, se calcula que 1.662.000 de los nuevos habitantes se localizarán en comunas periféricas del Gran Santiago.

Para planificar desde ya cómo dar respuesta a las necesidades de expansión de la ciudad, el PRMS que fue aprobado el 30 de marzo por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional (CORE) y que debe ser aprobado por la Contraloría para ser promulgado como ley, busca reducir la segregación socioespacial y propiciar una mejor conectividad entre los polos ya consolidados y la periferia. Este plan se circunscribe a las 37 comunas que formaron parte del primer PRMS promulgado en 1994. De ellas, 32 se ubican en la provincia de Santiago, tres en la de Cordillera y otras dos en la del Maipo.

Una de las novedades que introduce esta propuesta es la habilitación de áreas verdes. De hecho, estableció reservar 2.731,7 hectáreas para este fin, tanto en la periferia como en áreas interiores de bajos ingresos. La ejecución de ellas será un requisito para que las empresas inmobiliarias puedan urbanizar las 6.236 hectáreas que también se propone incorporar al área urbana y las 795 hectáreas industriales exclusivas que ya son urbanas y que serán reconvertidas a usos habitacionales mixtos.

Esta medida viene a abordar en concreto una de las grandes deudas pendientes que tiene Santiago y que le impiden avanzar hacia un modelo de "ciudad sustentable". Este concepto se refiere a urbes que logran un equilibrio saludable para ser un organismo vivo que progresa conjugando competitividad, calidad de vida para sus habitantes y políticas ambientales. En otras palabras, no se refiere a un asunto ecológico, sino a un criterio de crecimiento más armónico considerando diferentes aspectos.

Santiago no sobresale en este sentido. En el Índice de Ciudades Verdes en América Latina realizado en 2010 por Siemens y el Economist Intelligence Unit de The Economist, que analizó 17 urbes latinoamericanas en las categorías energía y CO2, uso de la tierra y edificios, transporte, desechos, agua, saneamiento, calidad del aire y gobierno medioambiental, nuestra principal ciudad sólo quedó ubicada "dentro de la media". Y una de las áreas en la que fue peor evaluada fue precisamente en la relacionada con las áreas verdes.

Según este estudio, Santiago es una de las urbes con menos superficies vegetales por persona, a pesar de que cuenta con una de las políticas más fuerte en cuanto a limitar el crecimiento urbano desordenado y proteger las zonas sensibles ambientalmente. El promedio es de 3,4 m2 de áreas verdes por habitante, aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 9m2.

Pero mejorar este índice, agregando superficie de áreas verdes como lo plantea el PRMS, ¿es suficiente para que Santiago se vuelva más sustentable?

Bárbara Aguirre, presidente del Comité de Sustentabilidad y Energía del Colegio de Arquitectos de Chile, plantea que no. "La sustentabilidad incluye lo social, económico y medioambiental, por lo tanto la obligatoriedad de la creación de áreas verdes no otorga un carácter suficientemente sustentable. Para que esta iniciativa sea un real aporte, dichas áreas deben ubicarse en los lugares requeridos por la comunidad y no en los espacios residuales, que son los que muchas veces se destinan. Sumado a esto, no debemos olvidar los costos de mantención y el cada vez más escaso recurso de agua que enfrentará la región en los próximos años. Esta decisión no puede ser un accesorio, sino responder a una planificación mesurada, consensuada y responsable en pro de una sustentabilidad real", afirma.

Jorge Inzulza, doctor en Urbanismo y académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, apoya esta visión. "La modificación del PRMS es una necesidad, pero para hacer de Santiago una ciudad más sustentable no basta con normar la creación de más áreas verdes. Es necesaria una institucionalidad que actúe coordinadamente en materias tan diversas como el transporte, la infraestructura, el diseño de las comunidades nuevas y la evolución de las ya existentes, entre otros aspectos. La paleta debe estar compuesta por muchos más colores que el verde y hay que combinarlos de manera armónica con el propósito de generar una mejor calidad de vida para sus habitantes. En definitiva, se ha sobredimensionado el alcance de este instrumento", menciona el experto.

Planificación por condiciones

Desde la otra vereda, Marisol Rojas, seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, puntualiza que el PRMS no pretende resolver la problemática de sustentabilidad del Gran Santiago, pero admite que este instrumento podría ser un aporte importante para concretar este propósito.

La autoridad explica que los cambios propuestos se basan en el principio de la planificación por condiciones, que busca que la ocupación de los suelos vaya aparejada al cumplimiento de estándares que garanticen su factibilidad para ser urbanizados. Esto se traduce en cuotas para usos de suelo, construcción de parques y áreas verdes y obras de infraestructura vial, además de exigencias de supresión de riesgos naturales.

"Al asegurar la factibilidad territorial se busca que gran parte de las externalidades que producirán los futuros proyectos sean asumidas por los agentes que las generan, reduciendo los costos sociales del crecimiento urbano", precisa. Recuerda, además, que en el diseño de la propuesta y posterior fiscalización participan coordinadamente los ministerios de Agricultura, Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

Aunque reconoce que este instrumento de planificación no tiene por fin dar respuesta a criterios de sustentabilidad e integración social de la ya saturada Región Metropolitana, la experta del Colegio de Arquitectos menciona que sí existen algunos aspectos que podrían ir en esa línea, especialmente si numerosas iniciativas, obligatoriedades y factibilidades consideradas en el plan son respetadas por los actores involucrados. En todo caso, comenta, ello tampoco sería garantpia de sustentabilidad, ya que experiencias puestas en marcha hasta la fecha no han logrado los resultados esperados.

Mejor integración y conectividad

El plan aprobado considera la extensión de comunas como Pudahuel, Quilicura, Maipú, San Bernardo y La Pintana, que requerirán de una inversión importante en equipamiento para conectarse e integrarse de mejor forma a las zonas más céntricas y consolidadas, evitando, así, profundizar la segregación socio-espacial de Santiago. La idea es que, a futuro, no ocurra que las personas provenientes de las nuevas áreas urbanas que se incorporarán al Gran Santiago deban desplazarse grandes distancias para cubrir sus necesidades de trabajo, educación, salud y esparcimiento. Tampoco que se generen barrios segregados.

Para ello se exigirá a los proyectos inmobiliarios de más de 60 hectáreas que destinen un mínimo de 8% del terreno a la construcción de viviendas sociales como requisito de factibilidad. La actualización del PRMS considera que estos barrios integrados deban ubicarse aproximadamente a 20 minutos de subcentros consolidados para que tengan acceso a equipamientos educacionales, de salud, seguridad, comercio y otros servicios.

El académico de la Universidad de Chile estima, sin embargo, que la propuesta no contiene las herramientas para impedir que se dé el fenómeno de "gentrificación" o aparición de proyectos inmobiliarios orientados a sectores de ingresos medios y medio altos en comunas populares que se conviertan en comunidades no integradas, situación que ya es posible apreciar en lugares como Huechuraba y Colina.

"El suelo que se integrará estimulará la especulación inmobiliaria y se va a llenar de comunidades cerradas, acentuando aún más la segregación social existente en la ciudad", advierte.

A su juicio, y para enfrentar esta tendencia, el PRMS debió optar por la densificación en vez de la extensión del territorio. "El interior del anillo Américo Vespucio es muy interesante y tiene resueltas la conectividad y la infraestructura. Al extender la ciudad, y sobre todo hacia una zona que históricamente ha tenido estos problemas, lo más probable es que se agraven", plantea.

Otro aspecto relevante que la propuesta aborda y que también se relaciona con criterios de sustentabilidad de la ciudad es la conectividad de las nuevas zonas urbanas. Al respecto, Bárbara Aguirre tiene una visión crítica. En su opinión, la estructura vial de Santiago se colapsará aún más, lo que redundará en el aumento de la contaminación ambiental y en el incentivo del uso del automóvil, al no contarse con un sistema de transporte público consolidado.

Para la seremi de Vivienda, en cambio, la proyección es más optimista. Marisol Rojas puntualiza que el PRMS permitirá distribuir adecuadamente en los territorios en los que se ampliará la ciudad a la nueva población. La demanda de viaje de estos habitantes, dice, también debiera tender a ser más ordenada gracias a la planificación del territorio. "Para ello, la propuesta define que las nuevas áreas urbanizables se desarrollen considerando criterios como la proximidad a subcentros, acceso a ejes viales de acceso regional y a corredores de transporte público y a la red de Metro. Sumado a lo anterior, se exige la concreción de unos 300 kilómetros de vías troncales para la adecuada factibilización del territorio. Adicionalmente se reservan fajas viales para habilitar anillos y radiales que mejoren la conectividad del Gran Santiago con el resto de la región y del país, contemplando proyectos que serán ejecutados por organismos públicos como el MOP", señala.

Todas estas medidas, enfatiza la autoridad, apuntan en definitiva a planificar el crecimiento de la ciudad, generando condiciones para sustentabilidad, que permitirán llegar a 2020 con un Santiago más verde, más conectado e integrado.

Si bien la norma ya ha completado la mayor parte del proceso de aprobación, Inzulza cree que aún existe el espacio para que la autoridad escuche los planteamientos de los sectores que hoy se sienten frustrados con la propuesta final, especialmente con miras a la etapa de implementación.

Bárbara Aguirre plantea, en tanto, que para que Santiago se convierta en una ciudad más "verde" es necesaria una planificación urbana responsable de largo plazo, que trascienda los gobiernos de turno y que se transforme en una política de Estado. "Debemos pensar en la ciudad que queremos tener el año 2030. Este diseño debe involucrar innovación, un transporte público que sea una alternativa real al automóvil, donde la bicicleta deje de ser sólo un deporte o pasatiempo. Además, debe ser eficiente con los recursos actuales, incentivando al uso de predios eriazos de comunas que ya cuentan con la estructura urbana necesaria o con posibilidades de crecimiento de menor impacto. También es importante estimular la remodelación y reestructuración de edificios que aún están vigentes y que pueden ser reacondicionados para nuevos usos, lo que implicaría la reactivación de barrios y comunas a través de estas iniciativas pueden proporcionar recursos económicos a los municipios bajo un concepto de menor impacto para sus habitantes", reflexiona.

Publicado el 27 de abril de 2011, vía Revista "Ruta de la Sustentabilidad", La Segunda

 

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Pamela Pinto, Coordinadora Periodística, Ediciones Especiales "La Segunda"

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