Para diez años más quedó postergada la entrada en vigencia de este cambio en el número de años de los niveles de la educación escolar por el que en 2018 Chile pudo haber vuelto a tener el sistema que existió hasta la década del ’60: seis años de educación básica y seis de media.
Conocido como “6+6”, este sistema volvería a implementarse en nuestro país, como quedó estipulado en el artículo 25 de la Ley General de Educación (LGE) del 2009, con el objetivo de incentivar la permanencia en los establecimientos educacionales y aumentar los años de formación disciplinar especializada de los niños chilenos.
Fue el Consejo para la calidad de la educación, el que durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet planteó que el actual sistema de la educación escolar no correspondía “a las estructuras de los sistemas educacionales de la mayor parte del mundo”, promoviendo así este cambio que quedó plasmado en la LGE.
Pero este cambio no se aplicará tan pronto: El pasado 8 de marzo el gobierno ingresó al parlamento el boletín 11132-04 que “posterga la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular establecida en la ley N° 20.370”, documento mediante el que se retrasará esta medida para el 2026.
El retraso de la implementación
Como advierte Juan Pablo Valenzuela, integrante del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de nuestro plantel, esta propuesta “fue promovida en la última parte de la discusión donde se habló de la institucionalidad y no fue analizada en profundidad. No hubo una gran discusión al respecto y solo fue aprobado dentro del tema global”.
Para Rodrigo Sánchez, investigador del Observatorio de Políticas Educativas de la Facultad de Ciencias Sociales (Opech), “no ha habido una planificación para realizar ese cambio”, principalmente porque “no existe una discusión de carácter pedagógica de por qué se debiese tener seis años de básica y seis años de media”.
Según Valenzuela, la aplicación del 6+6 tendría efectos en cuatro áreas relevantes: “financiamiento, infraestructura, matrícula, y dotación”.
En primer término, el investigador del CIAE explicó que este cambio impactaría dado que “muchos niños van a tener que migrar hacia los liceos, lo que afecta directamente al financiamiento de las escuelas”, dado que éstas “tienen un ingreso proveniente de las matrículas de pre kínder a octavo y con la reforma sería solo hasta a sexto”.
En materia de infraestructura, el gobierno asegura que para aplicar este cambio habría que readecuar alrededor de “2.420 establecimientos municipales y 1.175 particulares subvencionados que imparten enseñanza básica completa, además de 374 establecimientos municipales y 241 particulares subvencionados que sólo imparten enseñanza media completa”, dado que en la actualidad, “si se aplica la nueva estructura curricular, unos tendrían un excedente de infraestructura y otros, que sólo ofrecen los actuales cuatro cursos de media, tendrían un déficit”.
Sobre dotación docente, el proyecto explica que este cambio implica que quienes hoy imparten clases en séptimo y octavo año de la enseñanza básica, deberían especializarse para ejercer en los dos nuevos cursos iniciales de educación media. “Entre los actuales docentes de 7º y 8º básico, el 60 por ciento (38.430 aproximadamente) ya posee una especialidad, sin embargo un 40 por ciento (25.160 aproximadamente) aún no la tiene”, detalla el proyecto.
El 6+6 en el mundo
Respecto al impacto de este cambio en una perspectiva comparada, Luis Osandon, académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades (DEP), destacó que “la mayoría de los sistemas educativos actuales permiten tres franjas: una básica elemental, que serían los primeros seis años; una secundaria que en el fondo puede contener un nivel intermedio, que equivaldría al día de hoy a 7°-8° básico y 1° y 2°medio, y un tramo final que es 3° y 4° medio como un tramo de cierre del proceso de escolarización y con más apertura, más flexibilidad”.
Aún así, advirtió Sánchez, la investigación científica “no ha entregado datos conclusivos de que con este sistema esto va a mejorar. De hecho, en muchos países del mundo, la educación básica efectivamente llega hasta sexto en algunos hasta séptimo, en algunos hasta octavo”.
Para Valenzuela, aplicar esta medida en el caso chileno requiere más discusión y análisis, dado que “hay muy pocos estudios que den cuenta de su efectividad, y si bien una gran parte de los países de la OCDE lo hacen, no es único. Hay otros países que lo hacen muy bien y tienen mecanismos distintos, incluso parecidos al nuestro”.
En definitiva, planteó Osandon, en esta discusión hay que cruzar otros elementos que “tienen que ver con qué queremos para la infancia, cuál es el proceso de transición de la infancia al mundo adolescente que queremos generar como sociedad y qué rol cumple en ello el sistema escolar. Eso está absolutamente ausente en esta discusión del 6 +6 que está pensada en cómo se aprende más contenidos de las asignaturas, nada más”.
En la misma línea Sánchez recalcó que en este caso se requiere una discusión pedagógica, “en la cual no estén solamente comprometidos determinados expertos, sino que en general los profesores de nuestro país se involucren para que pueda efectivamente llegar a buen puerto y construir una trayectoria escolar progresiva y coherente”.
Como finalizó Valenzuela, “si nos convencemos de que esta reforma es muy relevante, hagamos un análisis más profundo y preparemos la transición, sobre todo porque estamos en un contexto con varias reformas, y esta sería de alta complejidad. Hay que preguntarse si vale la pena sumarla”.
Texto: Francisca Palma
Prensa UChile