La voz de arquitectos y urbanistas sobre el derecho a la vivienda en la nueva Constitución

Chile enfrenta una aguda crisis habitacional. Según cifras de Déficit Cero, recogidas en conjunto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, faltan 641.721 hogares en el país, la cifra más alta registrada en los últimos 30 años.

Bajo esa premisa, la Convención Constitucional incluyó en la propuesta de nueva Constitución el famoso artículo 51 que consagra que “toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada”.

El texto agrega que “el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal” e incluye nociones inéditas como el derecho a la ciudad y al territorio, que se define como un “derecho colectivo orientado al bien común” y se basa en el “ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad”.

De cara al Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre, 11 expertas y expertos en materia de arquitectura, vivienda y urbanismo analizaron en conversación con El Desconcierto las propuestas emanadas del órgano constituyente.

Beatriz Maturana: “El Estado, indispensable, no funciona cuando todo lo convierte en empresa estatal”

La doctora en Arquitectura de la Universidad de Melbourne y directora del Instituto de Historia y Patrimonio de la Universidad de Chile, Beatriz Maturana Cossio, asegura que “el panorama para la vivienda no es favorable” con la nueva Carta Fundamental.

“No conozco Constitución basada en los principios refundacionales que promueve esta propuesta, que haya sido capaz de crear más libertad, oportunidades, progreso y con ello mejor calidad de vida para sus ciudadanos, sino, por el contrario”, puntualiza.

Para la arquitecta, un ejemplo claro es Venezuela, país que tiene el derecho a la vivienda estipulado en su Constitución, y que “demuestra que, si bien la vivienda es importante, las personas necesitamos un trabajo, y para eso se requiere la libertad de emprender y no una economía que estatiza la actividad productiva”.

Maturana pone énfasis en esto último, porque la propuesta de Constitución promueve un mayor protagonismo del Estado y está alineado con el Plan de Emergencia Habitacional anunciado por el Presidente Gabriel Boric a principios de julio. “El Estado, indispensable, no funciona cuando todo lo convierte en empresa estatal”, subraya.

“Allí también nos anuncia que se crearán empresas estatales para la elaboración de materiales de construcción, donde se considera la implementación de ferreterías populares para acceder a materiales con un menor costo, parecido a las farmacias populares hoy a punto de quiebra”, añade.

Entre los principales desafíos de la propuesta, la académica llama a poner atención al impacto que ha tenido la inmigración en el déficit habitacional, particularmente en las regiones Metropolitana y Antofagasta.

También observa contradicciones a la hora de aplicar el derecho a la propiedad y de igualdad ante la ley en territorios indígenas, donde el derecho a la ciudad “sería una afirmación ilusoria”. En su opinión, la supeditación de estas normas al artículo 79 pronostica un escenario de “severa inestabilidad y más violencia”.

Paola Jirón: “Que la participación ciudadana pueda ser vinculante en los sistemas de planificación urbana y territorial sería un avance importante”

Para Paola Jirón Martínez, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios (Movyt), es “muy importante” que se establezca el derecho a la vivienda digna y adecuada en la Carta Magna.

Esto permitirá que “no solamente se debería vincular la vivienda con temas de propiedad, sino con las garantías que tiene que ofrecer el Estado para que las personas puedan vivir y habitar digna y adecuadamente”, lo que no sólo implica “que el Estado deba entregar subsidios”, sino “realmente entender qué significa territorios y ciudades más dignas y adecuadas”.

También releva que se incluya el concepto de pertinencia, que contempla que “la vivienda y el habitar tienen que ser pertinentes a los territorios que habitamos”, ya que “una Constitución no puede solamente garantizar derechos urbanos, sino que de todos los territorios. Y los territorios en Chile son muy complejos y requieren de una mirada mucho más integral”.

Asimismo, destaca la existencia del derecho a la ciudad, el que “da cuenta que el derecho a la vivienda tiene que ver con que la participación ciudadana pueda ser vinculante en los sistemas de planificación urbano y territorial. Eso en Chile no existe en este momento, y será un avance importante que la ciudadanía pueda participar en las decisiones que se toman sobre sus ciudades y territorios”.

De todas formas, explica que queda en deuda “un énfasis más territorial en el sentido de dar cuenta de las diversidades de territorios que tenemos”, importante para “la reproducción de la vida en nuestro planeta, y sobre todo en Chile, con todos los problemas sísmicos, ambientales y de riesgo. Si no empezamos desde ya a proteger nuestros territorios, de manera muy enfática, no hay posibilidad de reproducción de la vida en nuestro país. Creo que eso está más o menos puesto, pero no está asumido que lo que se viene en los próximos años va a ser muy complejo”.

Rebeca Silva: «Permite entender la vivienda, no como un objeto de lucro, sino como parte de las necesidades para una vida adecuada»

De acuerdo a la académica del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, Rebeca Silva, dentro del proyecto de la nueva Constitución “es clave el giro que se le da al tratamiento de la vivienda, articulándola con el derecho a la ciudad, entendiendo que es desde un enfoque de derecho que deben ser pensadas las políticas urbano habitacionales”.

Según la diseñadora y urbanista, esta vinculación entre ciudad y vivienda, sumado al cambio a un Estado solidario, “obligará a repensar las políticas subsidiarias de la dictadura que produjeron la masificación de las viviendas del Chile, y que hoy debe afrontar las consecuencias de las lógicas neoliberales”.

En este sentido, continúa, “un gran desafío en la implementación del texto constitucional está en la situación actual de las viviendas en Chile, cuyo déficit cuantitativo supera las 500 mil viviendas hoy”.

Para la profesional se hace urgente levantar estrategias para hacer frente a esta problemática, pero “sin olvidar lo que hemos aprendido del déficit cualitativo de la vivienda y de los entornos inmediatos, sin replicar soluciones desarticuladas de las prácticas cotidianas de las y los habitantes en sus territorios”.

Silva explica que la clave para superar estos obstáculos yace en el principal giro que da el proyecto de Constitución: permite “entender a la vivienda no como un objeto de lucro, sino como parte de las necesidades para una vida adecuada”. Además, indica que esto abre camino a nuevas posibilidades, como, por ejemplo, “la incorporación de la perspectiva de género o una mirada más interseccional que considere la diversidad de cuerpos que habitan las ciudades y el territorio”.

“Para mí, hoy nuestro desafío es des-aprender y avanzar en nuevas formas de construir la sociedad que queremos para todas, todos y todes”, concluye.

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