Desde 1924, el norte chico mantiene registros de situaciones de sequía y bajas precipitaciones, una realidad que ha condicionado este territorio. Sin embargo, en los últimos 15 años la región ha enfrentado una megasequía sin precedentes históricos. Así lo señala Linda Daniele, Doctora en Hidrogeología y académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, quien afirma que esta es una de las peores crisis hídricas de las que se tenga registro. “Se enmarca en una región que ya tiene un clima semiárido, entonces la ausencia de precipitaciones significa reducir aún más los recursos que se tienen disponibles”, explica la académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
La situación sigue empeorando, tal como consigna el informe semanal más reciente de la Dirección General de Aguas (DGA). En él se advierte que siete embalses de la Región de Coquimbo se encuentran en volúmenes menores al 20% de su capacidad. Uno de los que presenta niveles dramáticos es el embalse Cogotí, en la provincia del Limarí, que está a solo un 2% de su capacidad. Esta emergencia se encuentra asociada a una baja de precipitaciones evidenciada también por la DGA, que en el mismo informe advierte sobre siete estaciones de monitoreo en la Región de Coquimbo que dan cuenta de un déficit de lluvias del 100%.
Marco Garrido, director del Centro de Estudios de Zonas Áridas de la Universidad de Chile (CEAZA), advierte la gravedad de este fenómeno, que no solo responde a circunstancias ambientales. El también académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la U. de Chile sostiene que los requerimientos hídricos a nivel regional incluso han aumentado respecto a años anteriores, lo que sumado a las bajas precipitaciones ha empeorado una situación crítica. “Pan de Azúcar, un cordón hortícola bien importante en la región (…) se viene monitoreando el nivel de los pozos y estos han descendido nuevamente medio metro al año. Eso encarece el acceso y hace más difícil el acceso al agua”, indica Garrido.
¿Bastará con una desaladora?
En su tercera visita a la Región de Coquimbo como Presidente, Gabriel Boric confirmó esta semana que la región contará con su primera planta desaladora multipropósito, estimando su puesta en marcha para 2029. De esta manera, se sumará a regiones como Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Biobío y Magallanes, que ya han implementado plantas desaladoras. Esta se ubicará en los márgenes de la ciudad de Coquimbo, en el sector de El Panul, donde se estima que inicialmente pueda producir entre 200 y 600 litros de agua por segundo, para llegar -eventualmente- a los 1.200 litros por segundo.
Según el primer catastro nacional de plantas y proyectos de desalinización de agua, realizado por la Asociación Chilena de Desalinización (ACADES), con esta obra se contabilizarían 31 plantas de este tipo a nivel nacional, tanto en funcionamiento como en etapa de proyecto, siendo 22 las que hoy están operativas.
Este anuncio ha sido recibido con un amplio optimismo por parte de la comunidad de la zona, pero -al mismo tiempo- hay voces que hacen un llamado a la cautela. Entre ellas se encuentra María Christina Fragkou, directora del Programa Transdisciplinar de Medio Ambiente e integrante del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, quien apunta a los potenciales costos que tendrán estas aguas para el consumo humano y la posibilidad de que esta solución encarezca el costo de la vida en la zona. “Las ciudades norteñas que actualmente se abastecen con agua desalinizada, su cuenta de agua es entre tres y cuatro veces más alta en comparación con las ciudades del centro”, afirma la también académica del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile.
En este sentido, el proyecto no puede ser visto como una solución total al problema de la megasequía. Como afirma el director del CEAZA, Marco Garrido, además de una implementación que tardará tres años, también es necesario considerar el factor acumulativo de la sequía, que volverá insuficiente a esta infraestructura cuando entre en funcionamiento. “Una planta desalinizadora siempre es una buena noticia, porque básicamente lo que hace es aumentar el presupuesto de agua y con agua de relativamente buena calidad que puede ser utilizada para la agricultura y consumo humano (…) No obstante, mientras no haya medidas de adaptación de la agricultura a una condición con menos agua es difícil avanzar”, aclara.
La profesora Fragkou coincide con esta visión y es clara al señalar que ninguna tecnología permitirá mitigar los efectos de la sequía mientras no haya mejores estrategias de gestión del recurso. “No creo que haya una solución tecnológica que pueda ayudar. Yo creo que las soluciones van mucho más por estrategias más blandas, como gestión integral, resolución de conflictos con los actores y también, claramente, priorizar usos”, asegura la académica.
Unir tecnologías con estrategias de gestión
Dado que la Región de Coquimbo es una zona agrícola, no es sorpresa que un 70% de sus recursos hídricos vayan dirigidos a ese sector. El profesor Garrido sostiene que este consumo sobrepasa con creces el presupuesto de agua, lo que genera una condición de desbalance permanente. Sin embargo, también destaca que es un sector que agrupa tanto a pequeños como grandes productores. Al respecto, Linda Daniele plantea que “la ausencia de agua significa también que quien sufre más es la persona que menos capacidad económica tiene de enfrentar esta ausencia de agua. Entonces, el problema hídrico se torna también un problema social importante en estos territorios”.
Esta emergencia representa un golpe bastante fuerte al sector frutícola de esta región, cuyos productores incurren en inversiones muy altas y asociadas a un gran riesgo. “Siempre que se inicia un proyecto agrícola, sea pequeño, mediano o grande, este comienza a ser rentable varios años después, es decir, cuando el plantel ya entra en producción y los números se vuelven azules”, indica Marco Garrido. Por ello, el agrónomo de la Universidad de Chile apunta a una diversificación hacia especies que utilicen una menor cantidad de agua, además de estrategias agroecológicas.
Por otra parte, María Christina Fragkou también apunta a modificar la asignación de derechos de agua, asegurando que estos incentivan un mayor consumo. “En muchos casos, al ver que llegaste a la mitad del agua, esto implica que alguien diga 'bueno, entonces vamos a comprar más tierra para sembrar más porque me sobra el agua' (…) Si alguien paga por su agua, entonces un agricultor tiene el incentivo de usar su agua mucho más eficientemente porque así se va a ahorrar dinero", plantea la académica.
Finalmente, otro aspecto que se debe considerar y ha sido aplicado en otros países, es el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales. Este tipo de iniciativas, puntualiza el profesor Garrido, “es una política que podría ampliarse a ciertos sistemas no solamente en la región, sino también a nivel nacional. Generar circuitos de agua que sean específicos de aguas servidas grises tratadas y que puedan ser utilizadas para el riego y, de esta manera, poder distribuir de una forma más justa el recurso”, concluye.
